En un acto celebrado en Palacio Quemado, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley de Prediarios, acompañando esta decisión con la presencia de los gobernadores de los nueve departamentos del país.
La nueva ley implica un cambio significativo en la gestión de los prediarios, que son los recursos destinados a las personas detenidas en el sistema penitenciario. Ahora, el Gobierno central se hará cargo de estos pagos, que antes eran responsabilidad de las gobernaciones.
Además de los prediarios, la norma plantea que el Ejecutivo asumirá los gastos relacionados con el funcionamiento del régimen penitenciario, consolidando así la responsabilidad bajo un mismo ente que previamente recaía en las administraciones departamentales.
Otro de los aspectos importantes de la ley es la inclusión del bono de vacunación, cuya financiación también será asegurada por el Gobierno central a partir de ahora. Esto refuerza el enfoque del Estado en la atención a las necesidades de la población privada de libertad.
En resumen, la promulgación de la Ley de Prediarios transforma la distribución de obligaciones entre el Gobierno central y las gobernaciones, estableciendo un nuevo marco en la gestión de estos recursos.