El Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresó su apoyo a las acciones de Estados Unidos, que se inscriben en la iniciativa "Escudo de las Américas", destinada a enfrentar el narcotráfico y la corrupción en distintos países de la región.
Esta postura se da tras el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre restricciones de visa que impactan a ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En Bolivia, estas medidas afectan a fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia y un coronel de la Policía, entre otros.
Uno de los nombres más destacados es el del fiscal general Roger Mariaca, quien ha sido señalado por Washington por presuntamente aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico y facilitar que criminales esquiven la justicia. Estas acusaciones son formuladas por el Gobierno estadounidense, pero no equivalen a una decisión judicial en Bolivia.
Mariaca, por su parte, ha rechazado las imputaciones y ha solicitado que se respete la soberanía de Bolivia y sus instituciones. En respuesta a la controversia, el Gobierno de Rodrigo Paz ha decidido pedir a EE.UU. información adicional que respalde las acusaciones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, mencionó que las acusaciones podrían dar lugar a una investigación judicial en Estados Unidos, incluso a una posible solicitud de extradición, aunque subrayó que tales decisiones dependen exclusivamente de las autoridades estadounidenses.
Este escenario ha desencadenado un intenso debate en el ámbito político boliviano acerca de los límites de la cooperación internacional frente a la soberanía nacional. Mientras Mariaca afirma que las investigaciones del Ministerio Público no deberían estar influenciadas por presiones externas, algunos sectores del Legislativo exigen conocer las pruebas de EE.UU. antes de asumir cualquier responsabilidad.