El legislador Rolando Santos Pacheco ha cuestionado abiertamente las recientes decisiones del gobierno estadounidense, que restringieron el ingreso a su territorio de ciertas autoridades y exautoridades bolivianas. Según Pacheco, esta acción evidencia un intento de Washington por influir en las decisiones de las instituciones bolivianas.
Estas declaraciones surgen tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluyó al fiscal general Roger Mariaca en una lista que afecta a trece ciudadanos bolivianos. Mariaca es acusado de solicitar y aceptar sobornos, facilitando así el narcotráfico y brindando protección a criminales violentos.
Mariaca ha rechazado categóricamente estas acusaciones, argumentando que constituyen una posible intromisión en los asuntos internos de Bolivia. Además, afirmó que proseguirá con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, incluyendo una relacionada con el exasesor del presidente, Fernando Cerimedo.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de Rodrigo Paz ha decidido solicitar a Estados Unidos información adicional y pruebas que respalden las acusaciones formuladas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó las acusaciones como serias y subrayó la necesidad de investigar antes de atribuir responsabilidades.
A la par de estas declaraciones, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados han instado a Mariaca a que se aparte temporalmente de su cargo mientras se aclaran las denuncias. La Asamblea Legislativa tiene programada para el 5 de octubre una sesión donde se discutirá la documentación relacionada con las restricciones impuestas por Estados Unidos y se evaluará la creación de una comisión parlamentaria para investigar el asunto.