Cuatro individuos, tres de nacionalidad brasileña y uno boliviano, fueron detenidos por su posible implicación en el asesinato de Freddy Gonzales Bazán, quien tenía 29 años y perdió la vida el 17 de septiembre en Riberalta, Beni. Según las autoridades, este hecho está relacionado con un conflicto entre grupos delictivos que operan en el narcotráfico.
El Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó sobre los avances en la investigación y señaló que el caso ha permitido identificar a los sospechosos del crimen, el cual estaría motivado por rivalidades entre la banda boliviana ‘Los Choleros’ y el grupo criminal brasileño Comando Vermelho. Oviedo enfatizó que el Gobierno será firme en su lucha contra el crimen organizado en Bolivia.
El comandante de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, comunicó que los detenidos son Diego O. E., un joven boliviano de 19 años; Gean Carlos A. D. S., un brasileño de 50 años; Pinehero G. E., de 37 años, también brasileño; y Francimar G. D. S., quien tiene 35 años. Este último cuenta con antecedentes penales en Brasil por delitos asociados al tráfico de drogas y fue deportado a su país tras cumplir una condena de más de 11 años.
Los operativos realizados por la Policía resultaron en la incautación de material relevante para la investigación, incluyendo dos pistolas de 9 milímetros, un revólver calibre 32, municiones y varios teléfonos celulares. Además, se recuperó una camioneta Toyota Hilux con reporte de robo en Argentina, lo que podría complicar aún más la situación legal de los detenidos.
La Fiscalía se prepara para presentar los cargos correspondientes contra los aprehendidos y solicitará su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz. Esta decisión será evaluada por un juez, quien decidirá sobre la situación judicial de los implicados, mientras que la Policía continúa recolectando información sobre el caso.
Es importante destacar que, según la Policía, tanto Gonzales Bazán como los detenidos tenerían alguna conexión con actividades del narcotráfico. Este caso forma parte de las iniciativas del Gobierno boliviano para combatir organizaciones criminales transnacionales, con un enfoque específico en las regiones fronterizas del país.