El pasado viernes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea. Como resultado, el Gobierno ha decidido solicitar el bloqueo de 5.209 sitios web y más de 2.000 perfiles en redes sociales vinculados a actividades de apuestas ilegales.
El ministro de Justicia, Wellington Lima, afirmó que las acciones serán implementadas de manera "progresiva y continua", con el fin de abordar todos los aspectos de esta actividad ilícita. Lima destacó que la prohibición ha facilitado la tarea de rastrear movimientos financieros y la publicidad no autorizada, ya que ahora todas las apuestas son consideradas ilegales.
Las operadoras de telefonía y las redes sociales han sido notificadas sobre el bloqueo solicitado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Según el director de Anatel, Octavio Penna, los sitios y perfiles deberán ser eliminados de la red antes de la noche del martes.
Además de las solicitudes de bloqueo, se están realizando esfuerzos para investigar movimientos atípicos en las instituciones financieras. El secretario nacional de Seguridad Pública, Chico Lucas, advirtió que las mismas entidades que manejan apuestas también están relacionadas con otros fraudes, como el tráfico de armas y drogas.
Desde la implementación de esta prohibición, se ha observado una disminución del 10% en los movimientos financieros a través de Pix, el sistema de pagos en línea de Brasil, lo que indica un impacto significativo en las transacciones relacionadas con las apuestas.
A pesar de la prohibición, algunas plataformas vinculadas a las apuestas han reportado el lanzamiento de más de 500 casas de apuestas ilegales desde la emisión del decreto. Esto ha generado preocupación por la dificultad que enfrentaban los consumidores para distinguir entre sitios legales e ilegales, algo que ahora se ha vuelto más claro tras la nueva legislación.
Mientras tanto, el presidente Lula, que busca la reelección, confía en que esta medida le brindará apoyo popular. De acuerdo con una encuesta reciente, el 62% de la población brasileña está a favor de la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea.
Las empresas de apuestas en línea que eran legales anteriormente están cuestionando la decisión y contemplan llevar el caso ante el Tribunal Supremo. Estas compañías tienen plazo hasta el 5 de octubre para devolver los fondos a los apostadores que tengan saldos pendientes.