El Gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar la visa del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, a quien se le señalan presuntos actos de corrupción vinculados con el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría aceptado sobornos en su calidad de funcionario público, lo que facilitaría actividades delictivas y ayudaría a criminales a eludir la justicia.
Esta acción forma parte de una nueva política de restricciones migratorias impuesta por Washington, que busca sancionar a funcionarios y exfuncionarios de la región que se hallan implicados en actos de corrupción o en actividades narcotraficantes. En total, 12 bolivianos con visas vigentes, incluyendo a Mariaca y su antecesor en el Ministerio de Justicia, Iván Lima, han sido afectados por esta revocación.
Además de los mencionados, la revocatoria alcanza a otros funcionarios como fiscales, jueces, el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía, Frans William Cabrera Quispe. A su vez, otros nueve bolivianos que no contaban con visas vigentes han sido declarados inelegibles para obtenerlas.
Desde el Departamento de Estado, se argumentó que las acciones de Mariaca ponen en riesgo los esfuerzos del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcoterrorismo y afectan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer a través de la iniciativa Escudo de las Américas. La revocación también afecta a los familiares directos del fiscal.
Roger Mariaca ha rechazado las acusaciones, considerándolas una posible forma de presión política y una injerencia en asuntos internos. Desde Sucre, expresó su respeto por la soberanía estadounidense, pero a su vez demandó que se respete la independencia de las instituciones bolivianas. Defendió las investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluyendo un caso relacionado con el consultor argentino Fernando Cerimedo.
Afirmó que "investigar no significa condenar", subrayando que corresponde a las instituciones determinar la veracidad de las acusaciones y establecer responsabilidades basadas en las pruebas. Es importante señalar que la decisión de Estados Unidos se trata de una medida migratoria y no implica una sentencia judicial contra Mariaca.