Romer Saucedo, al frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), destacó que cada juez es responsable de las resoluciones que toma. Esta afirmación surgió en el contexto del anuncio hecho por Estados Unidos, que incluyó a tres jueces bolivianos en una lista de personalidades cuyas visas han sido revocadas y se les prohíbe la entrada al país.
En una conferencia de prensa, Saucedo comentó que los jueces deben dar cuenta de sus decisiones y que en caso de que se abra una investigación relacionada con sus acciones, deberán responder por ello. Resaltó la independencia de los jueces al actuar en sus funciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció previamente restricciones de visa que afectan a 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, donde se encuentran los jueces Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza.
Dentro de esta lista, Albania Chane Caballero Saavedra se distingue por ser la primera jueza investigadora en temas de corrupción y violencia hacia las mujeres en Santa Cruz. Según la información proporcionada por el Departamento de Estado, ella aprobó la detención domiciliaria del exjuez Hebert Zeballos, quien está implicado en el caso conocido como 'Maletas'.
Rosario Ximena Flores Paniagua, también jueza de Instrucción Penal en Santa Cruz, figuran en la lista por haber firmado el mandamiento de libertad de Zeballos, vinculado al mismo caso. En tanto, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia, es mencionado por haber supervisado la detención preventiva de Misael Nallar, acusado de un triple asesinato de policías en Porongo.
El presidente del TSJ subrayó que el órgano judicial no tiene competencias para designar, sancionar o suspender a jueces, ya que esas atribuciones corresponden al Consejo de la Magistratura. Esta aclaración se da en el marco de la nueva política de restricción de visas del Departamento de Estado de EE. UU., que busca limitar el ingreso a funcionarios extranjeros acusados de corrupción.
Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos.