Un grupo de legisladores en Bolivia ha renovado su demanda de cerrar empresas estatales que presentan pérdidas, a raíz de la reciente aprobación del Decreto Supremo 5727. Este decreto señala la necesidad de reorganizar o liquidar aquellas entidades públicas que no cumplen con su función.
El diputado Alejandro Reyes destacó que es necesario evaluar cuidadosamente cuáles empresas deben ser cerradas, aunque enfatizó que la prolongación de su funcionamiento solo incrementa el gasto público. Mencionó específicamente a la empresa de papas fritas y a Quipus como ejemplos de entidades que deberían ser cerradas.
Reyes acusó a las empresas deficitarias de haber sido creadas únicamente para beneficiar a miembros del anterior gobierno, sugiriendo que su propósito nunca fue generar ingresos para el Estado, sino más bien ofrecer empleos a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El diputado Edgar Zegarra coincidió con Reyes, afirmando que muchas de estas empresas fueron utilizadas para favorecer negociados entre dirigentes sindicales y autoridades de administraciones anteriores, y que su desempeño ha sido deficiente.
La diputada Julieta Jiménez, por su parte, consideró que el cierre de estas empresas debería haberse llevado a cabo hace tiempo, aludiendo a que su existencia solo contribuye a un gasto innecesario para la economía nacional. Sin embargo, hizo énfasis en que empresas como Mi Teleférico y Boliviana de Aviación (BoA) son esenciales y no deben ser cerradas.
La publicación del Decreto Supremo 5727, que se realizó en la medianoche del jueves, establece como prioridad para el Gobierno la reorganización, disolución o liquidación de empresas estatales, lo cual representa un movimiento significativo hacia la reestructuración del sector público en Bolivia.