El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su postura contra el régimen cubano, anunciando sanciones recientemente contra once entidades y funcionarios asociados con la producción de níquel y el aparato militar de la isla. Esta medida, que se ejecuta bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el expresidente Donald Trump, bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense y limita las operaciones con ciudadanos y entidades de Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que clasificó las sanciones en dos grupos. El primer grupo incluye cuatro compañías que se dedican a la ingeniería, investigación y explotación minera del níquel. El segundo abarca cuatro organismos militares involucrados en la investigación y desarrollo tecnológico, así como en la capacitación y capacidades navales.
Impacto de las sanciones
Washington ha señalado que el níquel representa una fuente de ingresos crucial para el gobierno cubano, acusando al régimen de usar estos recursos para sustentar su estructura militar y de seguridad. En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que las sanciones buscan desmantelar un sistema que, según Estados Unidos, beneficia únicamente a una élite militar corrupta.
El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta.
Algunas de las compañías afectadas por estas sanciones son Serconi, especializada en servicios técnicos y electrónicos para la industria del níquel; Ceproniquel, que colabora en proyectos de ingeniería; Cediniq, un centro estatal de investigación; y Pinares S.A., dedicada a estudios geológicos. Además, se han sancionado a tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), incluyendo al coronel Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director de Simpro, y al capitán Dioglis Pedreira Argüello, entre otros.