La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que implemente medidas de seguridad más robustas en San Ignacio de Velasco. Esta solicitud incluye la militarización de áreas que se consideran de alto riesgo, ante el alarmante incremento de asesinatos que se atribuyen al sicariato y al crimen organizado.
La presidenta de la ALD, María René Álvarez, criticó la efectividad del actual plan Fronteras Seguras, señalando que la presencia estatal en las regiones fronterizas es insuficiente. Álvarez enfatizó la necesidad de acciones más decisivas para frenar la propagación de la violencia en las calles y hogares de los habitantes.
La inquietud de la ALD se intensificó tras el asesinato de dos hombres en San Ignacio, ocurrido el domingo, en un intervalo de apenas 15 minutos. La Policía ha reportado que una de las víctimas no tenía antecedentes penales, mientras que en el segundo caso se investiga un posible vínculo con el Primer Comando de la Capital (PCC).
Además, se ha propuesto la suspensión temporal de las clases presenciales debido al miedo manifestado por los padres de familia. Se han registrado marcas pintadas en viviendas y escuelas, que según las autoridades locales, podrían estar relacionadas con grupos criminales brasileños. Hasta el momento, no hay información oficial que confirme el origen o significado de estas marcas.
El Gobierno ya ha iniciado el despliegue de fuerzas especiales militares en San Ignacio de Velasco. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha declarado que las fuerzas permanecerán en la región el tiempo que sea necesario, en respuesta a la presencia de grupos criminales que están involucrados en disputas territoriales.
La ALD ha subrayado que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y ha exigido una presencia estatal continua, así como un incremento en la inteligencia y el control fronterizo, junto con acciones decididas contra las estructuras criminales que operan en la región.