Un reciente estudio indica que los hogares de menores recursos en Bolivia han sufrido una disminución de hasta el 32% en sus ingresos reales debido a la inflación provocada por los bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio de este año. Este fenómeno se agrava con la declaración de estado de excepción por parte del Gobierno, que está programada para concluir en siete días.
La investigación, titulada "El costo de los bloqueos: Inflación e ingresos reales en Bolivia", fue realizada por Oscar Molina, Carlos Foronda e Ibhar Beramendi, y se centró en las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este estudio actualiza una investigación previa del 2006 llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana (CIEE-UPB).
"Los bloqueos son, en la práctica, el impuesto más regresivo que existe: no lo aprueba ningún congreso, pero lo pagan siempre los que menos tienen".
Molina, rector de la UPB, destacó que los efectos de los bloqueos son particularmente severos para el 10% más pobre de la población, quienes experimentaron una pérdida del 32,04% de sus ingresos en La Paz, en comparación con solo un 3,15% que afectó a las personas con mayores ingresos. En Cochabamba, las cifras son igualmente preocupantes, con una reducción del 12,38% para los más pobres frente a un 1,24% para los más ricos.
El análisis también revela que durante el periodo de bloqueos, muchos hogares llegaron a perder todas sus fuentes de ingreso. La inflación provocada alcanzó cifras alarmantes, como el 68,46% en productos agrícolas y un 59,01% en productos cárnicos en La Paz, lo que intensificó la crisis económica en el país.
Aunque Santa Cruz mostró una resiliencia mayor en el consumo, la desigualdad relativa se incrementó entre los hogares de diferentes niveles de ingreso. Se observa que la carga de las crisis de abastecimiento recae desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables, aumentando la desigualdad económica en las áreas metropolitanas.
Foronda, uno de los investigadores, sugiere que las futuras investigaciones deben evaluar cómo estas distorsiones de precios afectan la seguridad alimentaria y la conectividad de los mercados, extendiendo el análisis más allá de las áreas urbanas. Esto es crucial para comprender las vulnerabilidades en el contexto de crisis prolongadas en el país.
"¿Cuánto más estamos dispuestos a aceptar este impuesto que no es decidido por ningún sistema democrático?", cuestiona Molina, planteando la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de las medidas que afectan a los más necesitados.