El pasado viernes, la Gobernación de Santa Cruz promulgó la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías. Esta normativa establece un plazo de 180 días para su reglamentación, buscando un equilibrio en los derechos de los ciudadanos sin criminalizar la protesta legítima.
El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, enfatizó que "no es lo mismo protestar que bloquear", indicando que la ley tiene como objetivo principal facilitar el diálogo y la atención de las necesidades sociales antes de que los conflictos escalen.
Esta ley contempla la creación de una comisión que evaluará los conflictos en las primeras horas, activando medidas de respuesta que van desde una alerta amarilla hasta una roja, dependiendo de la gravedad de la situación.
Schrupp indicó que, al llegar a un nivel de alerta roja, se debe priorizar la solución para quienes se ven afectados por los bloqueos, no para los que los realizan. Esto es especialmente relevante dado que, en los últimos meses, Santa Cruz enfrentó 53 días de bloqueos que impactaron severamente a la población.
Derechos humanos y emergencias
La normativa también subraya que el derecho a manifestarse no debe convertirse en una amenaza para la población. Se resalta la necesidad de permitir corredores humanitarios para ambulancias y el transporte de ganado vivo, asegurando así la protección de la salud y la vida.
Con un proceso legislativo previo de seis meses, la Gobernación ahora iniciará mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad civil para socializar la ley y avanzar en su reglamentación en el tiempo estipulado.