El Ejecutivo boliviano ha establecido un plan que, en asociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como objetivo reducir el déficit fiscal al 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2028. Esta estrategia contempla varios cambios en la estructura del gasto público, incluyendo la eliminación gradual de subsidios y un ajuste en las inversiones estatales.
Una de las medidas más significativas será la eliminación de las subvenciones a los combustibles, las cuales no se incluirán en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027. Esto implica que los precios de los combustibles reflejarán de manera más fiel sus costos de producción, lo que podría repercutir en los precios del transporte y, por ende, en el costo de vida de los ciudadanos.
El ministro de Economía, Christian Morales, destacó que el propósito de este ajuste fiscal es que el Estado gaste menos en comparación con sus ingresos, permitiendo así una mayor flexibilidad en la gestión de las finanzas públicas. Se espera que esta medida ayude a controlar el gasto en salarios del sector público, limitando nuevas contrataciones y manteniendo un crecimiento de la masa salarial que no supere al del PIB nominal.
Para mitigar el impacto en los hogares de menores recursos, el Gobierno planea fortalecer programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable. De esta manera, se busca equilibrar la reducción de subsidios con medidas que protejan a los sectores más desfavorecidos.
En cuanto a la inversión pública, se prevé retrasar o cancelar proyectos que no sean considerados prioritarios, concentrando los recursos en aquellos que generen un mayor impacto social y económico, como la infraestructura pública y el sector energético. Además, se llevará a cabo una evaluación del gasto en inversión pública con el apoyo del FMI.