El Gobierno de Bolivia ha firmado un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), que tendrá una duración de 36 meses. Este acuerdo incluye una serie de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y estructurales, con el objetivo de estabilizar la economía nacional y corregir los desequilibrios que se han acumulado en los últimos años.
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras indica que el Ejecutivo considera estas medidas como parte de una estrategia soberana orientada a restaurar la estabilidad macroeconómica, garantizar la sostenibilidad de la deuda y estimular el crecimiento impulsado por el sector privado.
Objetivos del Acuerdo
- Reducir gradualmente el déficit fiscal del Sector Público No Financiero.
- Eliminar el déficit primario al final del programa.
- Controlar el gasto público y limitar la contratación para ajustar la masa salarial.
Una de las medidas más relevantes es la eliminación de la subvención a los combustibles, programada para enero de 2027. Si bien los precios internos de los combustibles se mantendrán sin cambios durante 2026, el presupuesto del siguiente año no incluirá recursos para tal subvención, permitiendo que los precios se ajusten según el mercado.
El acuerdo también prevé una mayor participación del sector privado en la importación y comercialización de combustibles, aunque esto podría generar presiones inflacionarias y descontento social, por lo que se planea fortalecer la asistencia para los grupos más vulnerables.
En cuanto a la política cambiaria, se busca implementar una mayor flexibilidad, unificando los tipos de cambio actuales y permitiendo que el mercado determine las cotizaciones. Asimismo, se abandonará el tipo de cambio como principal referencia nominal, enfocándose en metas de base monetaria y tasas de interés a corto plazo para controlar la inflación.
El programa también incluye la realización de pruebas de solvencia dentro del sistema financiero para evaluar su fortaleza, así como la calidad de los activos en bancos considerados relevantes. Además, se plantea un plan para la liquidación gradual de ciertos contratos de créditos.
Finalmente, se contempla el establecimiento de un Registro Social Unificado para marzo de 2027, destinado a identificar y ayudar a los hogares con mayores necesidades, en respuesta a los posibles efectos adversos de las reformas económicas.
El programa firmado con el FMI representa una hoja de ruta para los próximos tres años, que incluye ajustes fiscales, cambios en el sistema cambiario, y una apertura hacia la inversión privada, con el fin de enfrentar los desequilibrios económicos que ha atravesado el país en tiempos recientes.