La administración de Rodrigo Paz está considerando la disminución de diversas subvenciones, además de la suspensión del subsidio a los combustibles, como parte de las condiciones establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este acuerdo propone una política de recorte gradual de las subvenciones y del gasto público, con el objetivo de abordar el déficit del sector público, considerado uno de los principales desafíos de la economía del país. Se prevé un ajuste fiscal que equivaldría a alrededor del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029.
En lo que respecta a los combustibles, el memorando indica que durante el año 2026 se mantendrán los precios actuales, aunque a partir de enero de 2027 se deberá avanzar hacia la recuperación de costos. Además, el presupuesto del Estado para esa gestión no incluirá recursos para subsidiar estos combustibles.
Impacto de las medidas propuestas
Las implicaciones del acuerdo van más allá de los combustibles; también se contempla la eliminación progresiva de los controles de precios, lo que afectaría a los alimentos y la energía. Se busca optimizar la inversión pública, reducir el gasto estatal y llevar a cabo una reestructuración de las empresas públicas que no sean financieramente sostenibles.
El Gobierno ha afirmado que estas acciones forman parte de un programa de 36 meses destinado a estabilizar las finanzas públicas. Este acuerdo, que incluye un financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares, también tiene como meta atraer fondos adicionales de instituciones como el BID y la CAF.
Sin embargo, la preocupación radica en cómo estas medidas afectarán a la población. La eliminación o reducción de subsidios podría trasladar el costo real de la energía y otros servicios a los ciudadanos y las empresas, impactando directamente en su economía.
El acuerdo con el FMI ya no se limita al diésel y la gasolina: la revisión de otras subvenciones abre un nuevo frente de ajuste que podría llegar directamente al bolsillo de los bolivianos.