El Gobierno, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha iniciado un proceso de reestructuración del sector empresarial estatal para evaluar la viabilidad de diferentes empresas públicas. Esta revisión podría incluir el cierre, liquidación o transformación de entre ocho y diez entidades que no son financieramente sostenibles, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que se llevarán a cabo diagnósticos técnicos para determinar cuáles de estas empresas pueden continuar operando sin ser una carga para las finanzas del Estado. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Gestión Económica (PGE) Reformulado 2026, que permite realizar reorganizaciones, disoluciones y liquidaciones de instituciones públicas.
La revisión se debe a la difícil situación financiera que atraviesan muchas de estas entidades. La OFEP ha identificado a 15 empresas que están en quiebra técnica, acumulando pérdidas que ascienden a alrededor de Bs 3.637 millones. Entre las entidades que podrían ser afectadas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
El ajuste también implicará una disminución de los recursos asignados a estas empresas. En el marco del PGE Reformulado, se prevé una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital destinados a las entidades estatales, como parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para controlar el déficit fiscal.
Análisis de cada caso particular
El objetivo no es simplemente cerrar empresas, sino evaluar cuál es la mejor opción para cada entidad. Las alternativas incluyen mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas a otro nivel de gobierno, asociarlas con el sector privado o, en última instancia, liquidarlas. Un caso que se está considerando es una empresa estatal dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, que podría ser cerrada o sometida a un esquema de asociación público-privada, dependiendo de los resultados de la evaluación.
A través de esta reestructuración, el Gobierno busca reducir una estructura empresarial estatal que ha requerido, durante años, importantes recursos públicos. Ahora, se evalúa la capacidad de estas empresas para operar de manera independiente y evitar ser una carga para el Estado.