Este martes, Susana Rojas Onostre, quien ocupa el cargo de jefa de gabinete del vicepresidente Edmand Lara, acudió a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. Su presencia se da en el marco de una denuncia en la que se la señala por uso indebido de influencias.
La denuncia señala que Rojas habría enviado una lista al Comando General de la Policía con nombres de efectivos, solicitando cambios de destino. Este hecho ocurrió cuando el general Mirko Sokol estaba al mando de la institución policial. En consecuencia, el Ministerio Público emitió una citación para que la funcionaria declare.
Acompañada de su abogada, Rojas llegó a la Felcc durante la mañana y permaneció allí por más de dos horas, durante las cuales prestó declaración ante la División de Corrupción Pública. Al finalizar su declaración, la jefa de gabinete optó por no hacer comentarios a la prensa y se espera información oficial sobre su testimonio.
Este caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión en relación a denuncias sobre presuntas intervenciones en la Policía. Recientemente, Edmand Lara también presentó una denuncia contra el consultor argentino Fernando Cerimedo y la primera dama María Elena Urquidi, acusándolos de delitos como tráfico de influencias y otros. La Fiscalía ahora debe evaluar la validez de las pruebas, incluido un audio presentado por Lara.
La investigación del Ministerio Público se centrará en determinar la veracidad de la lista de policías que Rojas supuestamente envió, así como las condiciones en las que se realizó este acto y si realmente hubo un uso indebido de influencias.
Implicaciones de la denuncia
Las dinámicas de poder y la gestión dentro de las instituciones del Estado están en el centro de este proceso. Los resultados de la investigación no solo afectarán a Rojas, sino que también podrían tener repercusiones en otros actores políticos involucrados en las denuncias.