Un nuevo convenio entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encendido las alarmas en el país ante la posibilidad de que las reformas económicas impacten negativamente en el bolsillo de los bolivianos, en particular a través del aumento en los precios de los combustibles.
Este programa, que prevé un desembolso de alrededor de $us 1.900 millones en un plazo de 36 meses, está diseñado para apoyar las reformas económicas que la administración actual pretende implementar. Entre los objetivos del acuerdo, se incluyen la consolidación fiscal, la racionalización del gasto, la modernización del régimen cambiario y la eliminación de distorsiones en los mercados.
Sin embargo, la atención se centra en el precio del combustible. Recientemente, sectores productivos y cívicos han vinculado el incremento del costo del diésel a los compromisos asumidos con el FMI. La controversia se intensificó cuando el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionó inicialmente que un ajuste en el precio del diésel era una "condición" del FMI, aunque luego se retractó.
El Gobierno sostiene que el Decreto 5676, que establece un precio de Bs 18 para grandes consumidores, es una decisión interna y no una imposición del organismo internacional. Sin embargo, la preocupación radica en el efecto cascada que podría provocar un aumento en los costos de producción y transporte, lo que a su vez podría reflejarse en los precios finales que paga la población por los alimentos.
Preocupaciones legislativas y demandas de transparencia
La situación se complica aún más, ya que algunos legisladores han denunciado que el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa no incluye todos los documentos y objetivos específicos acordados en las negociaciones. Se ha solicitado acceso a la Carta de Intenciones, al Memorando de Políticas Económicas, así como a las metas fiscales, monetarias y de reservas que deberían ser presentadas antes de aprobar el financiamiento.
Bolivia podría recibir una inyección de $us 1.900 millones, pero el dilema que comienza a surgir en la opinión pública es cuánto podría costar realmente este ajuste para el ciudadano común, en un contexto donde los efectos pueden ir del surtidor al plato.