Mediante el Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre, se ha establecido la intervención temporal de YPFB. Esta medida responde a problemas identificados en la operativa de la empresa estatal, con la intención de optimizar la logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
La intervención puede extenderse excepcionalmente hasta 90 días más, si persisten las causas que llevaron a esta acción, aunque también podría finalizar antes de los 180 días si se solucionan dichos problemas. Se fundamenta en la detección de "deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes", que representan un riesgo para la seguridad energética y el interés público.
Composición de la Comisión de Intervención
La nueva Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por ministros o representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Su principal labor será supervisar y mejorar los procesos de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre sus responsabilidades, esta comisión podrá recomendar auditorías técnicas en la cadena logística, además de investigar irregularidades como contrabando y desvío de combustibles, buscando individualizar las responsabilidades de los involucrados.
Asimismo, la comisión tendrá la facultad de revisar todos los procesos relacionados con la importación, adquisición, almacenamiento, y distribución de combustibles, así como formular sugerencias para mejorar tanto las deficiencias administrativas como las técnicas y logísticas.
El decreto también establece que el personal de YPFB debe facilitar toda la información que la comisión requiera, cumpliendo con los plazos establecidos. El incumplimiento podría acarrear responsabilidades administrativas o penales.
Finalmente, la intervención no generará costos adicionales para el Tesoro General de la Nación, ya que los gastos serán cubiertos por los presupuestos existentes de las entidades que forman parte de la comisión, en un marco de austeridad.