De acuerdo con el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, YPFB será supervisada por una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria durante un máximo de 180 días, luego de identificarse fallas en su funcionamiento que afectan la importación y distribución de carburantes.
Esta intervención busca mejorar la logística y fortalecer la seguridad energética del país, y el plazo de intervención puede extenderse por 90 días adicionales si se presentan las mismas razones que llevaron a la intervención inicial.
Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria
La comisión estará conformada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, y un Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será mejorar la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre las funciones de esta comisión se incluye la recomendación de auditorías técnicas para detectar posibles irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles, además de identificar responsables dentro de YPFB.
Asimismo, podrá evaluar las decisiones y acciones que hayan impactado negativamente en el abastecimiento de combustibles o en los recursos del Estado, y tiene la autoridad para sugerir la remoción de personal si es necesario.
El decreto establece que la información requerida por la comisión debe ser proporcionada por el personal de YPFB en los plazos establecidos, y en caso de incumplimiento, se podrán aplicar sanciones administrativas y penales.
Finalmente, se aclara que la intervención no implicará gastos adicionales para el Tesoro General de la Nación, ya que cualquier costo será cubierto por los presupuestos de las entidades que conforman la comisión.