La discusión sobre la posible extensión del Estado de Excepción, que inició el 20 de junio y que es vigente por un período de 90 días, ha vuelto a resurgir en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La situación se torna crítica con la escasez de combustible y la amenaza de nuevas movilizaciones por parte de diferentes sectores.
Según el análisis constitucional mencionado por Visión 360, es factible ampliar el Estado de Excepción, pero esto requiere la autorización previa de la Asamblea. La Ley 1740 establece que, en circunstancias excepcionales, se puede prorrogar el plazo con el voto a favor de la mayoría absoluta de los parlamentarios presentes.
Este Estado de Excepción fue implementado por el Gobierno tras semanas de bloqueos que generaron problemas en la circulación y el abastecimiento. La medida restringió temporalmente ciertos derechos relacionados con la libertad de circulación y reunión, además de prohibir los bloqueos de rutas, siendo la Policía y las Fuerzas Armadas las responsables de su cumplimiento.
Con el clima social cada vez más tenso, el oficialismo podría considerar la prórroga de esta medida, que fue adoptada como respuesta a una crisis que aún persiste. Las protestas, la falta de abastecimiento y las nuevas amenazas de bloqueos podrían influir en esta decisión.
La interrogante que surge ante esta situación es si la posible ampliación del Estado de Excepción será una herramienta útil para restablecer la estabilidad en el país o si, por el contrario, indicará que el Gobierno no ha logrado solucionar las raíces del conflicto actual.