La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ha expresado su preocupación por el incremento de la minería ilegal en áreas indígenas, así como por las repercusiones que esto tiene sobre los recursos hídricos y la salud de las comunidades locales.
Lino Illimuri Apana, presidente de la Cidob, hizo hincapié en que desde el año 2023, las organizaciones indígenas han estado denunciando la contaminación por mercurio en ríos de la Amazonía, incluidos el Beni y Madre de Dios, junto a sus afluentes.
Illimuri indicó que la actividad minera está penetrando con fuerza en nuevas zonas, como la Chiquitania y la provincia Guarayos, lo que genera gran preocupación por la contaminación de los ríos y el impacto negativo en las comunidades indígenas.
Una investigación realizada en 2023 reveló que los niveles de mercurio en algunos ríos alcanzaban entre 7 y 9 partes por millón en promedio, con algunos individuos presentando cifras superiores a 25 y 26 partes por millón.
El líder indígena destacó que las comunidades dependen en gran medida de los ríos para su alimentación, especialmente a través del consumo de pescado, lo que convierte la contaminación en una amenaza directa a su salud y sustento.
Illimuri también criticó la falta de supervisión por parte de las instituciones responsables de controlar la actividad minera, señalando que la contaminación proviene tanto de la minería ilegal como de la legal. Afirmó que no se están cumpliendo adecuadamente los controles ambientales ni el tratamiento de los pasivos ambientales.
Además, recordó que en 2023 se presentaron acciones legales contra cinco instituciones estatales y que una acción popular en Rurrenabaque ordenó la paralización de la actividad minera en la Amazonía, una decisión que, según indicó, no se está ejecutando.
Ante el avance de la minería hacia Santa Cruz, la Cidob solicitó al Gobierno nacional que tome medidas inmediatas y refuerce los controles en los territorios indígenas. Illimuri enfatizó que no están en contra del desarrollo económico del país, pero que este debe llevarse a cabo de manera que se proteja el medio ambiente y se garantice la salud de las comunidades.