El Juzgado Comercial N.º 14 de Argentina ha exigido a Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia por un intento de feminicidio, el pago de una deuda que asciende a casi 140 millones de pesos (aproximadamente 90 mil dólares). Esta medida fue tomada en el contexto de un juicio en el que el Banco Galicia reclama el cumplimiento de un pagaré emitido por la empresa de Cerimedo, Numen Publicidad y Sondeos, por un monto de 70 millones de pesos (cerca de 45.603 dólares).
Dicha obligación se generó el 10 de febrero de 2025, cuando Cerimedo firmó el pagaré, y ahora el banco ha solicitado no solo el capital, sino también los intereses compensatorios y punitorios. La liquidación presentada por el banco estipula que la deuda total alcanza los 138.977.808 pesos (90.539 dólares) a partir del 16 de abril de 2026.
Inhibición de bienes y plazos legales
El juez Pablo Frick ha ordenado la inhibición general de los bienes de Cerimedo y de su empresa, lo que significa que no podrán vender, donar, hipotecar ni transferir su patrimonio. Además, Cerimedo y Numen tienen un plazo de cinco días para responder a la demanda y presentar las excepciones que la ley permite.
Desde su detención en Bolivia el 18 de agosto, Cerimedo no solo enfrenta acusaciones de intento de feminicidio en contra de su expareja, la abogada Nadia Beller, sino que también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Su papel como asesor en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 ha sido objeto de controversia debido a su historial anterior en otros países de América Latina.
El Gobierno argentino ha reconocido que Cerimedo tuvo acceso a la Casa Rosada en al menos 13 ocasiones durante la primera mitad de 2024, aunque las autoridades aseguran que estas reuniones no fueron con Milei. Por su parte, el presidente boliviano Rodrigo Paz ha negado que Cerimedo tuviera autorización oficial para actuar en nombre de su Gobierno o su familia, aunque admitió su colaboración en la campaña electoral de 2025.
Además, Cerimedo figura en una investigación en Brasil relacionada con los intentos de golpe de Estado en enero de 2023, donde se le describe como propagador de noticias falsas en el contexto electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.