En un giro inesperado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Hernán Paredes, anunció que el Gobierno ha decidido no abrogar el Decreto Supremo 5676, a pesar de que anteriormente había indicado en Yapacaní que se trabajaría en su eliminación.
Paredes, durante una conferencia en La Paz, enfatizó: "Es posible que lo vamos a modificar, pero no lo vamos a abrogar". Esta declaración se produce en un momento en que varios sectores, incluidos los productores, cuestionan la norma debido a sus repercusiones en el precio y la disponibilidad de diésel.
El viceministro aclaró que la decisión final sobre el decreto depende del gabinete, que tiene un plazo de 48 horas para presentar un informe con posibles alternativas. "Se puede abrogar y hacer otro decreto, se puede modificar, es un tema de procedimiento", agregó Paredes.
Este cambio de posición ha generado cierta desconfianza, ya que contradice el compromiso previo hecho ante los sectores movilizados en Yapacaní, quienes esperaban que la abrogación formara parte de los acuerdos que llevaron a la suspensión temporal de un bloqueo en esa región.
El viceministro también mencionó que el propósito del decreto es correcto, afirmando que solo necesita ajustes para asegurar el acceso al combustible subvencionado, especialmente para pequeños productores y el transporte público. "Lo que hay que hacer es hacer ajustes para que eso sea efectivo porque ahorita no se están cumpliendo esos objetivos", concluyó.