El acuerdo Frontera Segura fue suscrito en Guayaramerín por representantes de Bolivia y Brasil, buscando enfrentar el problema del narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la frontera entre ambos países.
Días antes de la firma, la violencia en San Matías, Santa Cruz, se intensificó con diez asesinatos en una semana, atribuibles a disputas por territorios controlados por las bandas brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando de la Capital, catalogadas como grupos terroristas por Estados Unidos.
Acciones de las autoridades
El plan incluye un fortalecimiento de la colaboración entre la Policía Boliviana y las fuerzas policiales brasileñas, además del despliegue de más de 350 efectivos en la frontera para labores de patrullaje y control.
A pesar de estas medidas, el martes 24 de agosto, se reportaron dos homicidios en Guayaramerín, donde un boliviano fue asesinado con más de 40 disparos, evidenciando que la situación sigue siendo grave en la región. Ese mismo día, un brasileño resultó muerto en un ataque en Arroyo Concepción, Santa Cruz.
Los informes de inteligencia indican que entre 100 y 150 miembros de los grupos brasileños operan en Bolivia, donde tienen influencia en el 67% de los municipios de la región amazónica, especialmente en Beni y Santa Cruz.
Además, se ha señalado que Bolivia se ha convertido en un refugio para narcotraficantes que buscan evadir la justicia, como el uruguayo Sebastián Marset, arrestado recientemente tras haber estado oculto en Santa Cruz.
La lucha contra el narcotráfico es un reto constante para las autoridades, que buscan evitar que el país se convierta en un “santuario” del crimen organizado internacional, como lo indica el caso del narcotraficante Lourival Máximo da Fonseca, quien fue expulsado a Brasil después de haber estado en Bolivia por diez años.