El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha establecido que el conflicto por los derechos de propiedad sobre el mercado Mutualista de Santa Cruz de la Sierra debe ser dirimido en la vía ordinaria, negando recursos de queja por presunto incumplimiento de una sentencia anterior, debido a que no fueron presentados dentro del tiempo estipulado.
En su Auto Constitucional Plurinacional 0153/2026-O, emitido el 28 de julio de 2026, se abordaron tres recursos de impugnación vinculados a resoluciones previas, donde se reconoce que el municipio tiene derechos sobre los predios del mercado, mientras que el demandante Nelson Miguel Crapuzzi posee derechos de propiedad, aunque no en los terrenos en disputa.
Desde la perspectiva de los abogados que representan a los comerciantes del Mercado Mutualista, este fallo asegura la protección del derecho propietario del municipio y el acceso a fuentes de trabajo en el centro de abastos.
La abogada Angélica Apodaca indicó que la sentencia no otorga un derecho propietario absoluto, permitiendo que la familia Crapuzzi precise la ubicación de su propiedad, la cual está a aproximadamente un kilómetro y medio del mercado.
"Él (Crapuzzi) pretendía adueñarse del mercado Mutualista con documentos falsos tratando de sobreponer sus planos por encima del mercado"
Asimismo, el TCP aclara que carece de jurisdicción para dirimir sobre este derecho de propiedad y que cualquier controversia relacionada debe ser resuelta en la jurisdicción ordinaria. Esto incluye la posibilidad de que se considere una expropiación si corresponde.
Finalmente, el fallo establece que si los demandantes no presentan impugnaciones dentro del plazo de tres días tras la notificación, el TCP no podrá actuar sobre las cuestiones de incumplimiento relacionadas con la sentencia constitucional.
Para la comunidad gremial, esta resolución es un avance significativo en la defensa de sus derechos, reafirmando que la Alcaldía no podrá desalojarlos y que las acciones futuras deberían priorizar la expropiación en beneficio de los comerciantes del mercado.
La familia Crapuzzi había presentado su queja argumentando que la Alcaldía se había negado a reconocer su derecho de propiedad y a actualizar el catastro, sin embargo, no cumplió con las exigencias documentales necesarias para poder acceder a esos derechos.