La confrontación entre el vicepresidente Edmand Lara y el exministro de Economía José Gabriel Espinoza ha escalado nuevamente, justo antes de que la Sala Constitucional Tercera de El Alto se pronuncie sobre el amparo que busca anular la censura impuesta por la Asamblea Legislativa a Espinoza.
Lara ha denunciado enérgicamente que la situación "huele a impunidad", sugiriendo que podría existir un tráfico de influencias que favorezca a Espinoza en su intento de regresar al cargo tras ser censurado y destituido por el presidente Rodrigo Paz.
El vicepresidente ha focalizado sus críticas en el vocal Grover Jhon Cori, quien forma parte de la Sala Constitucional. Según Lara, existe un conflicto de interés ya que la hija de Cori trabaja en el Banco Central de Bolivia, bajo la supervisión del Ministerio de Economía.
"Por respeto a la Constitución, exijo que el vocal se aparte de inmediato de este proceso. Aquí ya no hay confianza posible".
Además, el vicepresidente cuestionó la participación de abogados del Ministerio de Economía en la defensa de Espinoza, señalando que es inadecuado que se utilicen recursos estatales para defender a quien ya no ocupa el cargo de ministro.
Lara aclaró que no se opone al derecho de Espinoza de buscar justicia, sino a la utilización de recursos públicos para fines personales y a la elección de una sala que podría no ser imparcial.
La controversia ha trascendido más allá de una simple disputa política, afectando al Órgano Judicial y al proceso constitucional. El fallo de la Sala Constitucional ahora es observado de cerca, y cualquier decisión que favorezca a Espinoza sin aclarar las dudas planteadas podría desatar un nuevo escándalo político.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de transparencia y de una resolución justa en un contexto donde las acusaciones de tráfico de influencias están en el centro de la discusión.