La crisis en el abastecimiento de combustibles en Bolivia ha generado manifestaciones en el Norte Integrado, donde vecinos y representantes del sector productivo se unieron en una marcha este jueves. La movilización partió desde Montero hacia el puente de La Amistad, en la ruta hacia Portachuelo, reclamando por la escasez y el incremento del precio del diésel, que afecta a los grandes consumidores en particular.
Alcaldes de los municipios de General Saavedra y Fernández Alonso, Eliazer Arellano y Grover Pinaya, fueron los líderes de la marcha desde la rotonda de Guabirá. Ambos exigieron la abrogación del Decreto Supremo 5676, que ha establecido un precio de Bs 18 por litro de diésel para los principales consumidores, lo que representa un duro golpe para la producción local.
"Nos están matando al sector productivo. Todo es caro y eso trae consigo un aumento en la canasta familiar", declaró Grover Pinaya durante la protesta.
Arellano, por su parte, destacó que las autoridades deben responder ante el pueblo que los eligió y advirtió sobre el grave impacto que esta situación puede tener en la cosecha actual. "Si no contamos con el diésel, la producción se paralizará y esto afectará el suministro de alimentos en el país", afirmó, enfatizando la urgencia de una solución.
En Yapacaní también se realizaron marchas similares, con organizaciones sociales que demandaban la derogación del mismo decreto. En este municipio, los productores se manifestaron contra las nuevas restricciones de adquisición de diésel, que limitan la cantidad a 120 litros mensuales, insuficiente para las labores agrícolas.
Alberto Equise, líder de la Federación Norte, expresó la preocupación de los pequeños productores, quienes necesitan un mínimo de 5.000 litros de diésel para trabajar en campañas de 50 hectáreas. Las movilizaciones se intensificarán si no obtienen respuestas en un plazo de 48 horas, advirtieron los manifestantes, quienes incluso rompieron simbólicamente el decreto.
La situación ha generado un clima de tensión, donde los productores y ciudadanos han expresado su descontento ante un gobierno que consideran incapaz de atender sus necesidades, poniendo en riesgo su fuente de sustento y la economía regional.