El sector cañero de Santa Cruz llevó a cabo una protesta el día de ayer frente a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en oposición al Decreto Supremo 5767. Liderados por Óscar Alberto Peña, los productores expresaron su descontento dejando chala en las puertas de la entidad estatal, argumentando que la implementación de dos precios para el diésel discrimina a su sector y encarecerá sus costos de producción.
Los cañeros solicitaron la anulación de esta normativa y pidieron al gobierno que se genere un nuevo acuerdo que contemple sus necesidades. Peña resaltó que, tras la eliminación previa de la subvención al diésel, la producción del sector se redujo a la mitad de lo esperado debido a los altos costos, advirtiendo que la nueva medida podría empeorar la situación y repercutir negativamente en los precios de los productos en los mercados.
Asimismo, el dirigente anunció que se realizará una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se tomarán decisiones sobre nuevas acciones de presión en contra del decreto y se buscarán soluciones que aseguren la continuidad de la producción.
Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también se pronunció exigiendo la derogación del Decreto Supremo 5676. El presidente de Fencomin, Josué Caricari, enfatizó que el gobierno debería presentar soluciones y no exigir a los sectores productivos que aporten alternativas.
"El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición".
El Decreto Supremo 5676 fue promulgado en medio de largas filas en las estaciones de servicio, en un contexto de escasez de combustible y queja de varios sectores productivos. Su objetivo es disminuir la carga fiscal que genera la importación de diésel por parte de YPFB, estableciendo un precio referencial que incluye costos de importación y tributos.
Este decreto establece inicialmente un precio de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), mientras que para otros consumidores se mantiene el precio de Bs 9,80 establecido por el Decreto Supremo 5516. Además, se mencionó que el Ministerio de Hidrocarburos deberá definir la metodología para calcular el precio referencial.
Fencomin ha criticado la decisión del gobierno de implementar tales medidas a través de decretos, advirtiendo que el aumento de precios afectará gravemente al sector productivo, a los trabajadores y a las familias. En este sentido, la organización reafirmó su estado de emergencia y reiteró la demanda de anular el Decreto Supremo 5676.