Los pobladores de Guayaramerín, en el departamento de Beni, han comenzado a denunciar la explotación ilegal de oro en áreas de difícil acceso, particularmente en Cachuela Esperanza. Según afirman, estas actividades están siendo llevadas a cabo por empresas extranjeras que utilizan la fachada de ‘cooperativas’ para encubrir sus operaciones.
Los denunciantes sostienen que la situación es alarmante, ya que por las noches las calles se ven invadidas por vehículos sin matrículas o con placas brasileñas. Esta actividad, según los vecinos, estaría vinculada al crimen organizado y el lavado de dinero, afectando gravemente la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Demandas de la comunidad
Ante esta situación, los habitantes de Guayaramerín exigen la intervención de las autoridades nacionales para detener lo que consideran un ‘saqueo’ de sus recursos naturales en la frontera. Solicitan un control más riguroso por parte de las instituciones competentes para proteger su entorno y su modo de vida.
La actividad de minería ilegal no solo impacta a la comunidad, sino que también amenaza el delicado ecosistema del río Beni. El uso indiscriminado de mercurio en estos procesos de extracción está causando la destrucción de la biodiversidad acuática y poniendo en riesgo la salud de las familias que dependen de la pesca.
En respuesta a la problemática, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha realizado más de 270 inspecciones y operativos en cerca de 100 municipios para combatir el asentamiento de actividades mineras no autorizadas y el uso de dragas en ríos. Estas acciones buscan mitigar los efectos perjudiciales de la minería ilegal en el medio ambiente y asegurar la protección de los recursos naturales de la región.