El vocero del Gobierno de Santa Cruz, Rolando Schrupp, afirmó que el departamento requiere urgentemente cuatro millones de litros de diésel para mantener su producción agrícola. Destacó que no hay problemas logísticos ni de oferta, sino que las restricciones legales están impidiendo el acceso al combustible.
Durante una entrevista en el programa ON- Otra Noche con Sissi, Schrupp enfatizó que la crisis energética no proviene de una escasez de productos ni de capacidades de distribución, sino de las trabas impuestas por el Estado. Aseguró que la falta de diésel podría interrumpir la campaña agrícola, afectando no solo a los productores, sino también el abastecimiento de alimentos en el país.
La Gobernación está trabajando en una estrategia que le permita involucrarse activamente en la cadena de importación y distribución de combustibles, aprovechando las disposiciones de su Estatuto Autonómico. Schrupp mencionó que la Gobernación busca establecer convenios con empresas privadas para importar, almacenar y comercializar tanto diésel como gasolina a precios internacionales, sin subsidios.
El funcionario explicó que, aunque la infraestructura y capacidad para comercializar combustible están disponibles, la verdadera dificultad radica en la falta de un marco legal que habilite estas operaciones. Para ello, Schrupp hizo un llamado al presidente Rodrigo Paz Pereira para que emita un decreto que elimine los obstáculos burocráticos y permita que la Gobernación actúe como un facilitador en este proceso.
Schrupp también criticó las diferencias de precios entre el diésel adquirido en surtidores y el que se vende en comunidades, que puede alcanzar valores significativamente más altos. Alertó sobre el incentivo a un mercado ilegal debido a estas disparidades y cómo los excesivos controles pueden perjudicar a los pequeños productores.
Finalmente, el vocero subrayó que el tiempo es esencial y que la propuesta no puede postergarse hasta 2027, ya que la cosecha no espera. La Gobernación está en proceso de estructurar legalmente esta iniciativa y busca apoyo de las autoridades nacionales antes de avanzar con su implementación. La prioridad es asegurar que el agro continúe su labor productiva, lo que a su vez garantizaría la alimentación para la población boliviana.