La falta de diésel sigue generando serias preocupaciones en el ámbito del transporte y la producción en Bolivia. Los líderes del sector han denunciado que las largas filas en las estaciones de servicio son una constante y han cuestionado la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos que prometieron estabilizar el abastecimiento.
El gremio de transportistas, tanto nacionales como internacionales, ha decidido otorgar un plazo de 15 días al Gobierno de Rodrigo Paz para que presente soluciones efectivas ante la escasez de combustible y el estado deficiente de las carreteras.
A través de su dirigente, Domingo Ramos, han manifestado que si no se recibe atención a sus reclamos, están dispuestos a implementar medidas de presión más severas, incluyendo la declaración de quiebra nacional. "No pagaremos peajes, impuestos ni a entidades bancarias", advirtió Ramos, enfatizando que la crisis de combustible y las malas condiciones viales impactan gravemente en su labor.
Además, los transportistas han amenazado con iniciar acciones legales en contra de funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos, al considerar que estos no han cumplido con los acuerdos establecidos, lo que los ha llevado a una situación crítica.
Se estima que más de 12.000 transportistas operan en el país, de los cuales alrededor del 60% están actualmente perjudicados por la falta de diésel. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos que proporcionen información clara y tomen medidas urgentes para regularizar la situación.
Por otro lado, en medio de esta crisis, la Policía ha informado sobre la incautación de 5.000 litros de diésel que eran transportados de manera ilegal hacia Guanay. El combustible, que era trasladado en un camión Nissan Cóndor desde la zona de Caranavi, no contaba con la documentación adecuada, lo que llevó a la aprehensión del conductor, quien ahora enfrenta investigaciones para determinar si el diésel estaba destinado a actividades ilegales.
Los transportistas insisten en que el Gobierno debe convocarlos antes de que finalice el plazo establecido, a fin de evitar que se tomen más medidas de presión que podrían perjudicar aún más la situación del transporte en el país.