La reciente propuesta presentada por el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, ha reavivado el debate en Uruguay sobre la necesidad de controlar el financiamiento estatal de los viajes al exterior de los legisladores. Según Bordaberry, el uso de fondos públicos para tales desplazamientos ha crecido de manera considerable y necesita ser restringido.
El proyecto de ley tiene como objetivo regular los viajes de los miembros del Poder Legislativo, estableciendo que cualquier actividad o evento fuera del país que implique gastos a cargo del presupuesto del Parlamento no debería ser financiado sin una justificación adecuada. Bordaberry sugiere que, en lugar de viajar, los legisladores participen mediante videoconferencias y otras herramientas digitales, lo que permitiría mantener la participación sin la necesidad de desplazamientos costosos.
A pesar de la intención de limitar los viajes, la propuesta incluye una excepción: los legisladores podrían viajar si demuestran que su presencia es esencial para determinada actividad. En esos casos, sería necesario contar con la autorización de la cámara correspondiente, ya sea el Senado o la Cámara de Representantes.
Uno de los aspectos más relevantes que respalda esta iniciativa son las cifras de gastos en viajes recientes. Entre el 15 de febrero de 2025 y junio de 2026, se registraron 73 viajes internacionales financiados por el presupuesto del Poder Legislativo, que sumaron un total de 234.464 dólares, un monto que Bordaberry considera excesivo y que justifica la necesidad de establecer límites más exigentes.
Este debate se da en un contexto en el que el Gobierno de Yamandú Orsi también está promoviendo medidas dentro de su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que busca racionalizar los viajes de funcionarios y jerarcas del Estado. Bordaberry sostiene que, si se exige una gestión más eficiente de los recursos públicos por parte de la Administración, el Parlamento debería aplicar los mismos criterios a sus miembros.