Carlos Sánchez Berzaín, quien se desempeñó como ministro de Defensa en el pasado, ha solicitado ante una sala constitucional en Cochabamba una acción de libertad relacionada con el caso de la masacre ocurrida en octubre de 2003. Esta noticia ha sido divulgada a través de diversas plataformas de redes sociales.
Roberto De La Cruz, un destacado abogado constitucionalista y líder alteño, ha criticado esta iniciativa legal. Alertó que si la decisión del tribunal favorece a Sánchez Berzaín, podría desatar una fuerte reacción de los sectores de El Alto y revivir la agenda que surgió a raíz de los acontecimientos de octubre de 2003.
De La Cruz enfatizó que los eventos de aquel mes deben ser considerados en el contexto de delitos de lesa humanidad, argumentando que la acción de libertad no podría anular las implicaciones legales de dicho proceso. Además, subrayó que es esencial que los familiares y las víctimas del suceso sean notificados y tengan voz en este tipo de procedimientos judiciales.
El abogado también recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, lo que resalta la seriedad del caso y las implicaciones de la acción presentada.
La solicitud de Sánchez Berzaín se enmarca en su deseo de obtener la libertad que le permitiría regresar a Bolivia y, potencialmente, presentarse como candidato a la presidencia del país.