En un acto que evidencia la grave crisis económica que enfrenta la Gobernación beniana, se formalizó un acuerdo entre la autoridad departamental y los corregidores de varias localidades. Este pacto reconoce la situación crítica de las finanzas de la Gobernación, la cual presenta un déficit acumulado que ha obstaculizado el normal funcionamiento tanto del Órgano Ejecutivo como del Legislativo.
El acuerdo establece que para resolver el problema relacionado con el personal administrativo que ha sido afectado, se restituirán los ítems que han sido transferidos a otra categoría presupuestaria. Esta devolución se llevará a cabo a partir de enero de 2027, con el objetivo de garantizar el pago puntual y justo de los salarios, restableciendo así la tranquilidad entre los trabajadores de las distintas regiones.
Además, se compromete a asegurar que cada corregimiento reciba los presupuestos y la liquidez necesarios, los cuales estarán alineados a los ingresos que sean proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
Por otro lado, este pacto también impone normas estrictas de disciplina fiscal a los corregidores. Estos se han comprometido a ejecutar sus funciones bajo un estricto régimen de austeridad y transparencia en la administración de los recursos públicos. En caso de que generen ingresos propios en sus respectivas jurisdicciones, tendrán la obligación de solicitar al Gobernador la creación de una cuenta recaudadora, asegurando así la correcta fiscalización de los fondos.
El documento fue firmado por el gobernador Jesús Éguez Rivero, el vicegobernador Juan Carlos Camacho y los corregidores de diversas localidades, incluyendo Loreto, San Andrés, San Ignacio, Riberalta y la capital, entre otros municipios del departamento.