El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, subrayó que la Ley 1709, que modifica la Ley 1352, es clara en establecer un periodo de seis meses de arraigo para exautoridades, y que esto debe ser aplicado de manera equitativa, sin favorecer a unos sobre otros.
Lara indicó que tanto el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, están obligados a respetar esta disposición legal mientras esté en vigor, con el fin de que puedan rendir cuentas ante la justicia.
En sus declaraciones, el vicepresidente criticó la posibilidad de que una futura designación como embajador sirva para evitar el cumplimiento de esta ley. “Un nombramiento como embajador no debe convertirse en un mecanismo para eludir las obligaciones legales”, enfatizó.
Además, recordó que es competencia del Senado aprobar o rechazar los nombramientos de embajadores que proponga el Presidente, pero destacó que esta facultad no puede ser utilizada para crear excepciones a las normativas ya establecidas.
Lara también hizo referencia al principio de la supremacía constitucional, indicando que según el artículo 410 de la Constitución, ninguna resolución del Senado puede prevalecer sobre una ley vigente.
El vicepresidente aclaró que su crítica no está dirigida específicamente a Camacho o Lupo, sino que se enfoca en la importancia de que todos cumplan con la ley. "La ley debe ser igual para todos; si se adapta al poder, la igualdad ante la ley se pierde", afirmó.
Finalmente, reafirmó su posición, enfatizando que todas las exautoridades deben permanecer en el país por seis meses, tal como establece la Ley 1709, reafirmando que "la ley no se discute, la ley se cumple".