Gary Prado ha respaldado la legitimidad de una acción legal destinada a buscar justicia y reparación para más de 40 personas que, según su testimonio, sufrieron daños durante los procesos conocidos como Terrorismo 1 y 2. El jurista enfatizó que quienes han visto sus derechos vulnerados tienen el derecho de reclamar compensación, y afirmó que aquellos que hayan cometido estas violaciones deben rendir cuentas ante la ley.
Prado subrayó que la búsqueda de justicia es un acto legítimo. "Es fundamental que se reconozcan los daños sufridos por estas personas durante la tramitación de los casos de Terrorismo 1 y 2. Los responsables de violaciones a derechos humanos deben asumir su responsabilidad", declaró el abogado.
A pesar de su respaldo a la causa, Prado expresó su preocupación por los errores formales en la presentación de la denuncia. Según él, estos problemas podrían llevar a que el Ministerio Público la desestime. "Tres de las personas que han sufrido encarcelamiento indebido han presentado una denuncia que probablemente será rechazada debido a la falta de elementos formales necesarios y errores serios en su redacción", advirtió.
Una de las principales críticas del abogado se centra en la inclusión de personas fallecidas en la lista de denunciados. Explicó que esta situación imposibilita establecer responsabilidades penales, ya que no se puede juzgar a personas que han muerto. "Es inadmisible que se denuncie a alguien que ya no está vivo", afirmó.
Finalmente, Prado concluyó que estos errores en la denuncia podrían ser un impedimento considerable para que el Ministerio Público avance en el caso. "Quien redactó esta denuncia no consideró la importancia de cumplir con los requisitos formales, lo que podría llevar a su rechazo", sentenció. Así, el abogado hizo una distinción entre la validez del reclamo de las víctimas y las observaciones legales que plantea sobre la presentación de la denuncia.