Un grupo de empresarios relacionados con la minería de oro en San Simón, ubicado en el departamento de Beni, ha denunciado una supuesta injerencia por parte del Ministerio Público de Trinidad en un conflicto legal. Aseguran que esta intervención se estaría utilizando para favorecer a un antiguo socio, identificado como Juan Carlos Contreras Fernández.
De acuerdo con los empresarios, se han iniciado una serie de procesos y denuncias que ellos consideran fabricados, con el fin de ejercer presión y lograr la apropiación de la concesión minera en San Simón. A lo largo de aproximadamente 20 años, afirman haber invertido más de 70 millones de dólares en la explotación y desarrollo de esta concesión.
La disputa legal también ha implicado a los comunarios de la zona, quienes están siendo investigados por un presunto allanamiento de morada. Según las acusaciones, estos comunarios habrían recuperado tierras que, previamente, habrían sido objeto de avasallamiento.
Los empresarios cuestionan las acciones del Ministerio Público y solicitan que se detengan las medidas que consideran abusivas y que estarían vulnerando sus derechos sobre la concesión minera. Exigen que las autoridades aseguren un proceso legal justo y que la controversia se resuelva por medio de las instancias legales adecuadas.
Finalmente, las acusaciones realizadas por los empresarios deberán ser comprobadas y clarificadas a través de las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.