La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ha tomado una postura firme frente al asesinato de un jaguar ocurrido en Guayaramerín, pidiendo castigos severos al considerar el hecho como un biocidio y un ataque directo al patrimonio natural del país.
María René Álvarez, presidenta de la Asamblea, subrayó la gravedad de este acto, señalando que no puede justificarse bajo pretextos de protección para los habitantes. Destacó que no se siguieron los protocolos adecuados, que requieren la intervención de la Policía y los equipos especializados en el manejo de fauna salvaje.
La asambleísta expresó su profunda preocupación por la continuidad de estos actos y reiteró que el jaguar es una especie en peligro de extinción, cuya protección es fundamental. La defensa de este animal, como símbolo del patrimonio natural, no debe ser negociable.
La Asamblea se ha sumado a la denuncia contra Walter A. y otros implicados, mientras la Fiscalía ya ha iniciado investigaciones en su contra por violaciones a las normativas ambientales. Álvarez recordó que la pena por biocidio va de dos a cinco años de prisión, lo que evidencia la seriedad del asunto.
El incidente se agrava si se considera que existe una medida cautelar vigente para la protección del jaguar, impuesta por el Tribunal Agroambiental en 2025. Esto resalta la responsabilidad legal que recae sobre todos en la preservación de esta especie.
Álvarez concluyó lamentando que continuemos siendo testigos de tales tragedias ambientales y enfatizó que la población debe comprender la importancia del jaguar, instando a que se actúe con justicia en este caso.