Las recientes acusaciones de corrupción en el ámbito de hidrocarburos han llevado al Gobierno a considerar una reestructuración integral de las instituciones responsables. Esta evaluación incluye la posibilidad de cerrar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), intervenir las gerencias comerciales y realizar cambios estructurales en YPFB.
La propuesta se origina en el contexto de serias inquietudes sobre irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles. Se han presentado denuncias sobre la supuesta venta de cupos de diésel y la existencia de redes de corrupción que involucran a entidades del sector.
De llevarse a cabo, esta medida representaría uno de los cambios más significativos en la estructura del sistema hidrocarburífero en Bolivia en varios años. Sin embargo, hasta el presente, el Gobierno no ha proporcionado detalles oficiales sobre el alcance de la reestructuración ni un cronograma para su ejecución.